Violencia

Rectores universitarios cierran las facultades públicas por la injustificable violencia policial.

La falta de educación debe de ser entonces  el antídoto perfecto para oponerse la violencia.

Las universidades públicas españolas y en concreto catalanas han echado a miles de trabajadores (personal administrativo) a veces sin derecho a indemnización en esos últimos años, mas no ha renovado los contratos anuales a centenares de profesores asociados, contrata a profesores asociados a 75 euros al mes (contratos de una hora a la semana que se convierten en casi veinte horas si se suman a la docencia la preparación de las clases o de las prácticas, las correcciones de trabajos semanales, la atención a los estudiantes, y las reuniones administrativas), establece clases teóricas de más de un centenar de estudiantes en aulas en las que apenas caben, reemplaza a diez profesores que se parten, se jubilan o fallecen por tan solo uno (con mínima contratación) -últimamente, un profesor asociado ya "solo" sustituye a cinco profesores a tiempo completo que ganan entre diez y quince veces más lo que un profesor asociado recién contratado gana-, obliga a profesores asociados al pluriempleo, no concede becas (o fija unas condiciones inasumibles tales como promedios de notas que casi ningún estudiante alcanza, por lo que los fondos destinados a becas se invierten en otras partidas), otorga tarjetas de crédito a directivos y directores que pueden servir para pagar gastos en -o de- fines de semana, comidas y vacaciones familiares, como se sabe o se ha descubierto.

Pero las universidades públicas no cierran ante esas menudencias.

Eso no debe ser violencia.