Construcción

Lluis Cantallops: Hospital Arnau de Vilanova, Lérida, 2015, una obra de construcción impecable, en este caso

Una reciente visita a varias obras, y explicaciones de los arquitectos responsables de la obra, permiten hacerse una idea de la construcción de la obra pública en España.
Las empresas constructoras se escogen por concurso. La oferta económica es decisiva. Tienen que proponer un presupuesto inferior al publicado. La ley de contratación pública lo exige. Los presupuestos inferiores a los licitados obtienen el 70% de los puntos otorgados. Las llamadas bajas temerarias no están permitidas, pero dado que el límite lo fija la media de las ofertas, si todas las empresas afirman poder llevar a cabo la obra por una cantidad muy inferior al presupuestado, como ocurre siempre, la cantidad mínima de la que no se puede bajar puede ser un 35% inferior a lo presupuestado por la administración. Dado que los presupuestos públicos ya son muy bajos, intentar construir con menos de dos tercios del presupuesto es imposible. Pero se hace. La administración pública prima el ahorro ante la calidad de ejecución, lo cual es insólito, pues la administración no puede lanzar ningún concurso si no dispone de los fondos necesarios. El dinero existe y tiene que gastarse. ¿En qué se gasta si se premian bajas presupuestarias?
¿Qué ocurre?
La empresa trata de recuperar lo perdido. Rebaja calidades y cantidades de materiales, simplifica el proyecto, elimina partes. Las grandes constructoras poseen personas cuyo trabajo consiste en hallar defectos de forma, por mínimos que sean, o insuficiencias, incluso ridículas, en los proyectos ejecutivos, de manera que puedan argumentar que aquéllos no se pueden llevar a cabo tal como están planteados. Cualquier cambio, por otra parte, conlleva un sobrecoste desproporcionado.
El arquitecto es el responsable de la obra. Ésta, durante diez años después de concluir la obra, es de su incumbencia. Por tanto, el arquitecto se niega a aceptar estas rebajas y enmiendas.
¿Qué ocurre?
La constructora denuncia al arquitecto. Argumente que el proyecto es incompleto, que tiene defectos de forma, que un detalle ínfimo no ha sido dibujado, y que, por tanto, no puede seguir al pie de la letra las indicaciones gráficas y escritas.
La batalla está establecida.
La constructora paraliza la obra, por lo que el coste aumenta de inmediato, lo que alerta la administración. La empresa alega defecto de forma, errores, falta de tiempo, o la fatalidad; el terreno no es tan sólido como se pensaba, etc.
Si el contencioso no se resuelva, la empresa abandona la obra, tras haber cobrado por el trabajo ya hecho. Por otra parte, dado que sub-contrata todos los trabajos (carpintería, albañilería, pintura, metalistería, etc.), en cuanto la obra se para no pagan a las empresas o a los trabajadores sub-contratados que, a menudo, se ven abocados a cerrar. Luego pleitea contra el arquitecto y la administración. Esta amenaza y este hecho solo pueden ser llevado a cabo por una gran constructora, las más grandes de España. Lo que ganan ya compensa. Las compensaciones pueden ser millonarias.
Ante el peligro de encontrarse con un gran equipamiento público a medio construir y que se degrada, la administración cede, y el arquitecto debe simplificar el proyecto hasta dejarlo irreconocible.
A los pocos años de haberse concluido, saltan las alarmas. La calidad de la construcción es ínfima. El edificio es una ruina.
Por lo que se tiene que organizar un nuevo concurso para escoger la empresa constructora que restaurará la obra.
Por un precio muy inferior al publicado.